CERF en Nariño: "Lo más valioso es lo que nos han enseñado"

Por OCHA Colombia

El departamento de Nariño, ubicado al sur del país en la frontera con Ecuador, es uno de los más afectados por el conflicto armado en Colombia, por esta razón fue uno de los priorizados para la implementación de proyectos con recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) en 2014. Las comunidades indígenas Awá, han sido particularmente afectadas por el conflicto en este departamento pues su territorio ha sido epicentro de fuertes hostilidades y operaciones militares. De los más de 80 pueblos indígenas de Colombia, los Awá tienen el mayor riesgo de extinción física, cultural y espiritual [1].

La presencia de grupos armados y la contaminación por MAP/MUSE ha sido causa de desplazamientos y limitaciones a la movilidad de las comunidades Awá que habitan en el municipio de Ricaurte (Nariño). Su acceso a cultivos de pancoger, zonas de caza y pesca y fuentes de agua, se ha visto severamente restringido, afectando su seguridad alimentaria. A través de una misión de evaluación de necesidades, se evidenciaron cambios de hábitos alimenticios en las comunidades indígenas, cuyos miembros a veces pasan días sin comer por falta de acceso a cultivos y mercados y falta de recursos para adquirir alimentos.

Ante el riesgo de pérdida de vidas de los miembros de esta comunidad, FAO, PMA y UNICEF iniciaron una intervención coordinada a través de los recursos CERF. Esta intervención incluye entregas de asistencia alimentaria, evaluación de la situación nutricional de niños y niñas, recuperación de semillas tradicionales, capacitación a las comunidades en métodos de producción rápida y preparación de alimentos y entregas de semillas, herramientas y otros elementos relacionados. Estas iniciativas beneficiaron a más de 630 familias indígenas en el segundo semestre de 2014, a través de huertas demostrativas (o Centros Demostrativos de Capacitación-CDC) en cinco resguardos. En el resguardo de Magüi, se implementó en cinco de las seis comunidades. Según Gilberto, quien tuvo que desplazarse del Resguardo de Magüí en 2006 por el conflicto, el proyecto “me ha servido mucho, no sé qué hubiera sido de mí pues cuando regresé a mi finca en 2014 no encontré nada y me tocó empezar de cero. Espero que nos sigan enseñando y que nos den herramientas para defendernos. Les pedimos que no nos dejen solos.”

El impacto positivo de estos proyectos no se limitó a las comunidades indígenas. También las mujeres de la Asociación de Mujeres por Ricaurte de la comunidad de San Pablo y la Asociación de Mujeres Emprendedoras (AMER) de la comunidad de El Guayabo; fueron beneficiarias de esta iniciativa.

Las mujeres que han participado en el proyecto no sólo se han beneficiado de los alimentos cosechados en los CDC, que se reparten entre quienes han trabajado en la huerta, sino que la mayoría ha replicado a través de pequeñas huertas en sus propias casas, lo que han aprendido en el CDC; allí pueden producir alimentos sanos para el consumo de sus familias. Según Mery, “tener mi pequeña huerta me ha permitido economizar pues ya no tengo que comprar el pepino, el tomate o la lechuga en el mercado; espero enseñarles a mis hijos y a mis nietos para que ellos también sepan producir alimentos sanos”.

Los beneficios indirectos que este proyecto CERF ha tenido para las organizaciones de mujeres de Ricaurte son evidentes, las mujeres se sienten empoderadas, han encontrado una fuente de trabajo que no sólo les permite alimentarse sino también aumentar su capacidad de ahorro e independencia económica. Según Rocío de AMER, “lo más valioso del proyecto no ha sido lo que nos han dado sino lo que nos han enseñado. Al enseñarnos a trabajar la tierra podemos sacar a nuestras familias adelante; con 43 mujeres que trabajamos en la huerta se benefician 260 familias. No todo puede ser regalado”.

En contextos como el de Ricaurte, caracterizados por la pobreza, el desempleo, el alto costo de los alimentos, la falta de oportunidades y grandes rezagos en desarrollo, se requieren más intervenciones como éstas que al tiempo que asisten a las víctimas directas del conflicto brindan herramientas a la población en general para mejorar sus condiciones de vida y salir adelante.

[1] Según Honorable Corte Constitucional de Colombia, Autos 004 de 2009 y 174 de 2011.

Crédito: OCHA Colombia. Ricaurte (Nariño). Marzo, 2015